La campaña del nacionalismo español contra el derecho a decidir en Catalunya y Euskadi está sobrepasando las líneas del sentido común para instalarse en las trincheras de Don Pelayo. Recomiendo a las personas que aún dudan en dar su apoyo al ejercicio de la democracia en las urnas que lean durante una semana diarios como el ABC y La Razón. En sus páginas descubrirán llamamientos a la unidad de España en nombre de Dios, incluyendo el rezo en familia; verán que se organizan triduos con ese mismo fin; leerán a militares que exigen al Gobierno mano dura, o sea, actuar manu militari; podrán sorprenderse con líneas editoriales que jalean todo tipo de acciones judiciales, políticas y policiales contra quienes lideran el grave pecado mortal del derecho a decidir; y leerán declaraciones en bruto, sin arreglos periodísticos, de políticos españoles, sean del PP o del PSOE, que niegan toda posibilidad legal al derecho a decidir, mostrando así un cordón umbilical que une a los dos partidos con el españolismo viejo, ese que aún se lame las heridas por la tragedia de 1898.

Tengo la esperanza de que cuando acaben esa semana de lecturas tan didácticas, muchas de esas personas dudosas decidan distanciarse radicalmente de un nacionalismo de sable y sotana, en el que voces de generales, de políticos autoritarios y de obispos se unen para devolvernos a una España rancia que siempre ha sido y es el problema, y no los soberanismos periféricos que sólo exigen aire propio para respirar. Leyendo estos periódicos durante una semana, uno se da cuenta de qué clase de políticos están aupados en lo alto de un sistema parlamentario del que se sirven para vivir instalados cómodamente en la alternancia del poder, utilizando para ello el látigo de la España indisoluble. Se disputan entre sí quién habla más alto contra Catalunya y Euskadi, quién insulta más, y quién es más audaz a la hora de pedir medidas de castigo: la línea más suave asegura que se "cepillará" cualquier propuesta soberanista como ya lo hizo con el estatuto que defendió Ibarretxe en Madrid, mientras que los más cuarteleros amenazan hasta con la suspensión de las autonomías y el encarcelamiento de líderes.

Yo he hecho este ejercicio de lecturas, y he llegado a la conclusión de que la moderación del diario El País no marca adecuadamente el pulso de la España activa en campaña por su unidad sagrada. Pienso que mientras uno lee El País en la creencia de que puede reflejar el pensar mayoritario de España, la otra España, la que está en pie de guerra y trata de marcar el paso de la confrontación va ganando terreno cada día. Tanto es así que El País va adaptándose también al sonar de los himnos patrios frente al derecho a decidir. Lo que quiero decir es que la radicalización de la España de Don Pelayo deja con el culo al aire a quienes desde la racionalidad y la templanza procuran la unidad de una España más amable que, aun usando mejores palabras, no está por permitir "locuras en las urnas"

Se disputan quién habla más alto contra Catalunya y Euskadi, quién insulta más y quién pide más castigo

La radicalidad de la España de Don Pelayo deja con el culo al aire a quienes piden la unidad de una España más amable

Se trata de ¡el derecho a decidir! No es todavía la cuestión de la independencia lo que está en juego, sino algo tan sencillamente democrático como que la ciudadanía manifieste una opinión en las urnas sobre si debe o no poder decidir sobre su destino en el seno de una comunidad política. Frente a ello todas las baterías apuntan al mismo blanco: no es legal, la Constitución no lo permite. Quienes defienden la idea de lo ilegal deben saber que es la democracia la que crea el derecho para regular su propio funcionamiento en libertad e igualdad jurídico-política, de tal forma que el derecho no puede coartar la democracia, siendo que esta última puede modificar las leyes y las normas cuantas veces sea necesario. Quienes defienden la ilegalidad de una consulta por el derecho a decidir desean sustituir la democracia como gobierno del pueblo por un planteamiento del que se elimine al pueblo como poder activo, relegándole a la pasividad. Además, es necesario decir que en democracia no es suficiente con la legitimidad de origen, es necesaria asimismo una legitimidad de ejercicio, lo que quiere decir que la democracia debe ser democratizada en todo momento, modificando si es necesario su diseño para mejor servir al interés de la ciudadanía y al ideal de justicia. En concreto, la Constitución puede y debe ser cambiada cuantas veces sea necesario para dar respuesta eficaz y positiva a las aspiraciones ciudadanas; no es una camisa de fuerza. Si lo fuera podría decirse que es útil para mantener el orden, pero no sería justa. Y ante la injusticia cabe la desobediencia pacífica, e incluso es un deber practicarla.

El otro gran argumento de los opuestos a una consulta sobre el derecho a decidir es reiterar una y otra vez que Europa no aceptaría a un posible Estado catalán y/o vasco. Resulta que estamos pidiendo el derecho a decidir que, por definición, puede dar un resultado favorable o contrario a ese derecho, y ellos ya ladran contra la independencia. Perfecto. En realidad su respuesta contiene una trampa: llegado el caso no es Europa, sino el gobierno de turno de España, el que vetaría el ingreso del nuevo Estado. Al ejercer el derecho de veto es verdad que Europa no podría dar la bienvenida a un Estado catalán o vasco, al menos con los tratados actuales. Pero, ¿dónde está el problema? Nuevamente en España. Lo que ocurre es que resulta tan impresentable y antidemocrático confesarlo que prefieren esconder la realidad detrás del nombre de Europa.

La realidad, sin embargo, será tozuda. Siempre lo es. Más claro: cuanto más se empeñen los dos grandes partidos en impedir el derecho a decidir, sea por la fuerza judicial, sea por otras coacciones, sea por guerras sucias, sea por amenazas varias, lo que lograrán no es otra cosa que la suma y suma del soberanismo, no sólo por la fuente de los nacionalismos, sino que también por razones democráticas y desde luego económicas. Ocurre que la desafección de España que hoy muestra mucha gente en Catalunya y Euskadi, tiene que ver con el hartazgo hacia una clase política vulgar, perezosa intelectualmente y agujereada por la corrupción, y que para más inri nos quiere imponer cómo vivir.

Por cierto, en este nuevo escenario surge en el seno del PSOE un debate sobre el federalismo. Ese que ha estado 30 años enterrado y ahora se saca como ariete para enfrentar a los soberanismos de Euskadi y Catalunya, ofertando un estado más amable. Bienvenida la propuesta de todos modos, si es sincera. Al menos ayuda a remover las aguas estancadas de la Constitución. Claro que es significativo que quienes la proponen, el PSC y José Antonio Griñan con el apoyo de Rubalcaba, anuncian ser favorables a una reforma de la Constitución para hacer avanzar su propuesta federalista, al tiempo que la niegan si se trata de habilitar una consulta legal sobre el derecho a decidir. Curioso. Quiero ver de todos modos la solidez de este federalismo de última hora cuando sea objeto de los ataques desatados por la derechona inspirada en Don Pelayo.

IOSU PERALES - Miércoles, 2 de Enero de 2013

Joomla templates by a4joomla